Rajoy da cinco días a Puigdemont para que aclare si declaró la independencia y proceder legalmente

El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, requirió este miércoles al líder catalán Carles Puigdemont que aclare oficialmente si hubo declaración unilateral de independencia, el primer paso para una eventual suspensión de la autonomía de Cataluña, según estipula la ley.

El ejecutivo central acordó “requerir formalmente al gobierno de la Generalitat para que confirme si ha declarado la independencia”, dijo Rajoy ante la prensa.

El líder conservador explicó que ese requerimiento es “previo a cualquiera de las medidas que el gobierno puede adoptar al amparo del Artículo 155” de la Constitución, que le da potestad para suspender la autonomía.

Rajoy, que hablará esta tarde ante el Congreso de los Diputados, no aclaró el plazo que otorgaba a Puigdemont para responder al requerimiento, que podría desembocar en una suspensión temporal de la autonomía de Cataluña, restaurada tras la dictadura de Francisco Franco (1939-1975).

El socialista Pedro Sánchez, líder de la oposición, dio su apoyo a Rajoy y anunció que había acordado con él abrir el debate sobre la reforma de la Constitución, precisando que permitiría hablar de “como Cataluña se queda en España, y no de cómo se va”.

Además, Madrid ha recibido en las últimas horas el apoyo de los gobiernos de Italia, Francia, Alemania, México y Colombia.

El sentimiento independentista en Cataluña ha crecido exponencialmente desde la crisis económica mundial de 2008 y el recorte parcial en 2010 por parte del Tribunal Constitucional de un estatuto regional que le daba más autonomía.

El 1 de octubre, se celebró un referéndum declarado inconstitucional en el que más del 90% de los votos fueron a favor de la independencia, con una participación del 43%, aunque los sondeos y los resultados de las elecciones autonómicas señalan una división casi a partes iguales en la sociedad catalana.

En lo que sí coinciden es en pedir un referéndum pactado sobre la autodeterminación.

El martes, en el parlamento regional, el presidente catalán Carles Puigdemont dejó en suspenso una declaración de independencia sin llegar a formularla explícitamente, creando una gran confusión.

El desconcierto fue aún mayor cuando, terminado el pleno, los 72 diputados independentistas firmaron una declaración de independencia en la que como “representantes de Cataluña” constituyen “la República catalana como Estado independiente y soberano”.

El valor jurídico de este documento “es simbólico”, aclaró este jueves el portavoz del ejecutivo catalán, Jordi Turull.

– El Artículo 155, un arma nunca usada –

España es un país muy descentralizado y la Constitución adoptada en 1978 confiere a sus 17 comunidades autónomas amplios poderes en materia de salud y educación, por ejemplo.

Pero incluye una disposición que permite al poder central intervenir directamente en los asuntos de una región en caso de crisis, el Artículo 155, que nunca se ha aplicado plenamente.

Este dice que, si una región “no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes (…), el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido (…) podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones”.

En 1989, el entonces presidente socialista Felipe González no fue más allá del requerimiento al líder de las islas Canarias por un asunto de aranceles, que acabó solucionándose con negociaciones y sin suspensiones.

Si Rajoy decide ir más allá del requerimiento, necesitará el apoyo de la mayoría absoluta del Senado, y su Partido Popular dispone de ella.

– Descontento en filas independentistas –

La intervención de Puigdemont en el parlamento hizo pasar de la euforia a la decepción a los miles de independentistas que siguieron el discurso en pantallas gigantes por toda Cataluña.

“Asumo, al presentarles los resultados del referéndum ante todos ustedes, el mandato de que Cataluña se convierta en un Estado independiente”, afirmó, para decir, acto seguido: “Con la misma solemnidad, el gobierno y yo mismo proponemos que el parlamento suspenda los efectos de la declaración” para facilitar el diálogo.

Desde la consulta del 1 de octubre, el ejecutivo catalán ha recibido una fuerte presión tanto del gobierno español, como del empresariado, con el traslado de sede de numerosas.

Puertas adentro, los más radicales del arco parlamentario independentista (la formación de extrema izquierda CUP, cuyos 10 diputados regionales son vitales para el gobierno de Puigdemont) querían aprovechar este resultado para declarar unilateralmente la independencia.

Gobierno español da cinco días al líder catalán para que diga si declaró independencia

El jefe del gobierno español Mariano Rajoy el miercoles dio de plazo hasta el lunes para que el presidente catalán Carles Puigdemont aclare formalmente si declaró la independencia, y, si lo hizo, hasta el 19 de octubre para que rectifique, precisó en el Congreso.

La hora límite en ambos días son las 10H00 (08H00 GMT).

En caso de que Puigdemont incumpla los plazos, o su respuesta no sea satisfactoria para el gobierno, este empezará a tomar medidas concretas bajo el Artículo 155 de la Constitución, que prevé la suspensión total o parcial de la autonomía de una región.

“Sería muy importante que el señor Puigdemont aclarase al resto de los españoles si ayer declaró la independencia o no”, dijo en el Congreso.

“Es así de fácil y se entiende muy bien (…) No es lo mismo que alguien, en este caso el presidente de un gobierno autonómico, declare la independencia, en cuyo caso el gobierno tiene que actuar, que no la declare”.

Rajoy lanzo una advertencia: “es muy importante que el señor Puigdemont acierte” en su respuesta.

Sobre la sesión del parlamento catalán del martes, en que el presidente catalán hizo amago de declarar la independencia y la retiró inmediatamente, para facilitar el diálogo, Rajoy dijo que “absolutamente lamentable”.

“No hay nadie aquí que pueda pensar que lo que ayer ocurrió en el parlamento de Cataluña (…) fue algo normal, razonable y propio de un país democrático”.