Javier Corral impugna ante SCJN Ley de Seguridad; experto de la UNAM opina sobre dicha legislación

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, interpuso una controversia constitucional contra la Ley de Seguridad Interior ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Manifestó que dicha ley viola derechos fundamentales:

“… permite, por esa ambigüedad, trastocar un conjunto de valores y de principios fundamentales en el país, porque es invasiva de las competencias, facultades de los municipios y de las entidades federativas e, incluso, porque vulnera la autonomía presupuestal de las entidades federativas, pone en serio riesgo el sistema de los derechos humanos, la democracia, el acceso a la información”, aseveró.

 Planteó que, además, vulnera a las Fuerzas Armadas:

“… las sigue colocando en una función para la cual la Constitución no les ha autorizado, y lo digo con toda claridad, porque el modelo que el legislador escogió fue un modelo legislativo de sustitución de la autoridad civil por la autoridad militar, y eso no le conviene ni a las Fuerzas Armadas”, precisó.

Señaló que esta ley desincentiva la posibilidad de profesionalizar a los cuerpos policiacos:

“Precisamente lo que creemos que desincentiva la Ley de Seguridad Interior es esta apuesta por un modelo óptimo de profesionalización policial. Porque institucionaliza, perpetúa un modelo de sustitución de lo que debe de ser una función particularmente de la autoridad civil a través de cuerpos policiacos bien entrenados, profesionales“, sostuvo.

Corral comentó que el documento presentado contiene argumentos de invalidez y una propuesta de lo que debería de ser esta ley.

Indicó que hace un par de meses solicitó ser recibido por el Senado de la República para plantear sus puntos de vista; sin embargo, la respuesta fue negativa.

Experto de la UNAM opina sobre dicha legislación

La Ley de Seguridad Interior responde a una lógica de un Estado autoritario y es regresivo a las instituciones democráticas, consideró el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Pedro Salazar Urgarte.

“La Ley de Seguridad Interior aprobada y promulgada en diciembre de 2017 responde a la misma lógica que sustenta el alma autoritaria de la Reforma Penal de 2008 en materia de delincuencia organizada, y contradice de manera radical la lógica que corresponde a un estado democrático de derecho y apuntala la que sustenta un Estado autoritario de Derecho”, destacó el catedrático.

Durante la inauguración del seminario sobre la Ley de Seguridad Interior, organizado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Salazar Ugarte indicó que la resolución que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en este tema tendrá consecuencias en la configuración a futuro del Estado de Derecho en México:

“No se trata de una cuestión técnica sino de una definición estructural, sobre el tipo de Estado de Derecho que tendremos”.

En este análisis, los legisladores promoventes de las acciones de inconstitucionalidad ante la Corte sostuvieron el riesgo que la vigencia de la ley representa para la ciudadanía en el contexto del proceso electoral federal en curso.

“La Ley de Seguridad Interior en su redacción final, criminaliza la protesta social, porque deja en manos del Ejecutivo interpretar, cuáles movilizaciones se realizan conforme a la Constitución y, por tanto, cuáles podrían disolverse con la utilización de las propias Fuerzas Armadas, ante un escenario electoral muy apretado en donde la diferencia puede ser muy pequeña y que puede haber protestas es un punto crucial”, comnetó Marcela Torres Peimbert, senadora del PAN. Uno TV